Alejandra de la Paz, Claudia Curiel y Marisol Argüelles.
Por Edgar Alejandro Hernández
La Secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel, lo señaló de manera puntual en una entrevista en W Radio: la controversia tras la virtual pérdida de la Colección Gelman es “un caso político”. Sin embargo, sus palabras no se han traducido en acciones políticas concretas por parte del Estado mexicano para evitar que este acervo —con obras de Frida Kahlo, Diego Rivera, María Izquierdo y José Clemente Orozco, entre otros— abandone el país por dos, cinco, diez años o incluso de forma indefinida.
Se trata de un tema profundamente político que requiere la intervención de todo el aparato del Estado, y no sólo de la pasiva Secretaría de Cultura o del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), cuya actuación ha sido hasta ahora servil ante los intereses de particulares. De lo contrario, la presidenta Claudia Sheinbaum será recordada como la mandataria que permitió, por omisión, que México pierda una de las colecciones de arte más importantes del siglo XX.
Aunque Curiel y Alejandra de la Paz, directora del INBAL, han modificado, un día sí y otro también, la versión sobre cuánto tiempo permanecerá la colección fuera del país, la realidad es que el gobierno mexicano firmó un convenio que autoriza a la Fundación Santander sacar del país treinta obras que cuentan con declaratoria de protección como Monumento Artístico. En el documento se plantea como fecha límite el mes de septiembre de 2030, pero contempla también la opción de que se amplíe de común acuerdo mediante la prórroga del convenio.
Ha sido ejemplar el silencio tanto de Curiel como de De la Paz ante el hecho documentado de que la venta, realizada por el curador estadounidense Robert Littman al coleccionista regiomontano Marcelo Zambrano Alarcón, tiene como antecedente la falsificación o fraude del testamento de Natasha Gelman (quien, junto a su marido Jacques, reunió las obras), firmado en agosto de 1993. Ahí Littman figuraba únicamente como albacea y administrador de la colección. Sin embargo, tras la muerte de Natasha, en 1998, se asumió como “legítimo propietario” con el único aval del notario Armando Gálvez Pérez, quien fue asesinado en 2013 en un ataque directo al salir de un banco en Polanco.
Entre 2000 y 2003 entrevisté varias veces a Littman y recuerdo que, en más de una ocasión, se quejó de la obsesión que teníamos los mexicanos por saber cuál sería la sede permanente de la Colección Gelman. También tengo claro que siempre se identificó como albacea del acervo, jamás como heredero, aunque hoy sabemos que, para esos años, ya había modificado ante notario su condición: de albacea a propietario de la colección. En una entrevista realizada en Canal 22, De la Paz reiteró que Littman era “albacea y legatario” del acervo, es decir, la persona designada en el testamento de Natasha para recibir un bien, derecho o cantidad específica de la herencia.
Su afirmación suma elementos para exigir a los funcionarios que hagan públicos los documentos a los que tuvo acceso el INBAL para firmar el convenio de colaboración con Fundación Santander, porque los dichos de Alejandra de la Paz abren de nuevo una pregunta de fondo: ¿Se acreditó a Littman como legatario a partir del testamento de 1993 o de la modificación ante notario que hizo Littman en 1998, cuatro meses después de la muerte de la coleccionista?
El director ejecutivo de Fundación Santander, Francisco de Borja Baselga; el consejero delegado del Grupo Santander, Héctor Grisi; Claudia Curiel, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, Marcelo Zambrano Alarcón y su familia, Alejandra de la Paz y la directora del Museo de Arte Moderno, Marisol Argüelles.
Adicionalmente, ahora sabemos que Zambrano compró las obras a Littman no con recursos propios sino mediante una deuda que primero recayó en Shotheby’s y que ahora absorbió Banco Santander. De la Paz aseguró en la misma entrevista que los dueños de la colección eran mexicanos, los Zambrano, pero lo que omitió decir es que si la familia regiomontana no cubre la deuda, el banco español podría tomar el control de la empresa que resguarda la Colección Gelman, Arte Mexicano en el Mundo, LLC, mediante la ejecución de la garantía.
Quienes seguimos desde hace casi tres décadas el caso, hemos escuchado la historia de que Littman había manipulado literalmente la mano de Natasha para que lo dejara como albacea, abusando del hecho de que la coleccionista padeció, durante sus últimos años de vida, una enfermedad mental. Investigaciones relacionadas con el juicio que enfrentó Littman en los últimos años reafirman esta teoría.
Hay elementos suficientes para que el Estado mexicano intervenga, tal y como lo hizo en 2006, cuando los abogados de Beatriz María Varo Jiménez, sobrina de Remedios Varo, intentaron llevarse a España los 39 cuadros de la pintora surrealista que Walter Gruen, último compañero sentimental de la artista, donó en 2002 al Museo de Arte Moderno (MAM).
El juicio promovido por Varo Jiménez se dio luego de que Gruen intentó obtener los derechos morales de Remedios Varo, pero no sólo perdió ese juicio —porque no pudo probar el tiempo legal de concubinato con la artista—, sino que se vio obligado a documentar la propiedad legal de las obras que poseía.
El proceso se hizo público en mayo de 2001, cuando Varo Jiménez fue declarada por el Juzgado Décimo Tercero de lo Familiar del Distrito Federal como “única y universal heredera y albacea de la sucesión a bienes” de la creadora surrealista que vivió en México desde 1941. El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia, y tanto Gruen como el INBAL perdieron varios juicios de amparo en contra de Varo Jiménez. Fue hasta septiembre de 2005 que intervino la Procuraduría General de la República (PGR), al acreditar su interés jurídico en el caso.
Javier Laynez, entonces subprocurador Jurídico de Asuntos Internacionales de la PGR, anunció en el MAM que, cinco años después de iniciado el juicio, había ingresado una carta de “Cesión de derechos” que Varo entregó en vida a Gruen, lo que dio un vuelco dentro del litigio.
La carta y la participación de la PGR anularon cualquier pretensión de los abogados de Varo Jiménez para responder a la demanda que interpuso el Estado contra la sobrina de la artista, a fin de que ahora ella probara la propiedad de las 39 obras. Gracias a esta intervención de la Federación, las obras pudieron finalmente integrarse al acervo del MAM.
Si en 2005 el gobierno panista del presidente Vicente Fox ejerció todo el poder del Estado mexicano para impedir que las 39 obras de Remedios Varo abandonaran el país, ¿por qué ahora le tiembla la mano a la presidenta Sheinbaum y no hace lo mismo para conservar por lo menos las 30 obras que tienen declaratoria de protección como Monumento Artístico de la Colección Gelman?
Las opiniones vertidas por los colaboradores o invitados de Revista Cubo Blanco son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y publican, por lo que no representan, necesariamente, la postura de Revista Cubo Blanco respecto de cualquier tema.
Texto publicado el 17 de abril de 2026.